Publicada el 28 de enero de 1992, para configurar una nueva situación jurídica de las iglesias. Se trataba de la replantación de la libertad de creencias, separación Estado-Iglesia y educación publica laica.

 

La reforma aprobada en 1992 hizo posible que los particulares pudiesen ofrecer adicionalmente educación religiosa; reconociéndose implícitamente el derecho de educación religiosa, así mismo el derecho de las comunidades religiosas y de los ministros de los cultos, de enseñar en estos planteles y crear, dirigir y administrar instituciones educativas en todos los niveles y grados.