En el se establece la autonomía de las instituciones de nivel superior, como es el caso de las universidades de la república mexicana, con la finalidad de que estas se gobernaran así mismas, determinar sus planes y programas educacionales, fijaran términos de ingreso, promoción, permanencia de personal académico y administraran su patrimonio.

 

Todo esto añadido en las fracciones VIII  del articulo tercero constitucional.